Existen muchas razones por las que una compañía requiere de una auditoría legal, como es un acontecimiento en particular, como una imputación o sospecha de mala conducta de parte de los empleados o la gerencia; cambios en la cúpula gerencial o de otro personal clave; una propuesta de fusión o absorción de otra empresa; dación de una nueva legislación que resulta significativa, o la aprobación de nuevos reglamentos gubernamentales; inicio de una investigación o proceso por parte del gobierno; una demanda en contra de la empresa; pérdida real o muy probable, causada por un riesgo legal previamente no percibido, etc..

Sin embargo, la mayoría de las auditorías legales, deben ser conducidas en el curso ordinario de los negocios como parte de un programa efectivo de abogacía preventiva, cuyas evaluaciones de rutina tienen por lo regular como objetivos entre otros, el desarrollar o afinar normas legales para las operaciones de la compañía en el país o en el extranjero, tomando en cuenta las leyes o reglamentos aplicables, u otras consideraciones políticas, éticas, o económicas; verificar tanto el cumplimiento de las normas legales aplicables, como el cumplimiento de las políticas de la empresa; identificar las áreas en las cuales la compañía esta expuesta a riesgos legales innecesarios, lo que requiere de una evaluación cualitativa de la estructura, políticas, procedimientos, contratos y demás documentación legal de la empresa.

La auditoría legal a través de la abogacía preventiva recomienda medidas correctivas para reducir o eliminar los riesgos; confirma si la compañía recibe todos los beneficios a los que tiene derecho como son los incentivos para la inversión, exoneración de impuestos, etcétera; evalúa los servicios legales prestados a la oficina o sucursal en el extranjero como costo, calidad, oportunidad, nivel de satisfacción del cliente, uso apropiado de los recursos legales, etcétera; revisa las transacciones o eventos específicos que han producido pérdida o que han colocado a la compañía en peligro, y sugiere una acción que los remedie, a fin de prevenir problemas similares en el futuro.

Hoy día los empresarios y la sociedad exigen abogados con una mayor preparación, con conocimientos de ingeniería jurídica, técnicas de negociación para abogados, arbitraje comercial, auditoría legal para empresas, para estar en aptitud de realizar alianzas estratégicas, fusiones, adquisiciones entre empresas, conforme a las necesidades de consultoría jurídica cada vez mayores de las empresas y de la sociedad misma.

El empresario debe implementar en su compañía en auge, un programa de auditoría legal, mediante la abogacía preventiva, que le permita detectar antes de que exista el problema jurídico o la violación a alguna disposición jurídica que debiera cumplir y que por omisión a ella la autoridad impondría alguna sanción, multa, apercibimiento o clausura, que produciría un impacto en la economía de la empresa y en la imagen que tiene ésta ante la sociedad, sus proveedores y clientes.

Los programas de abogacía preventiva se recomiendan a empresas existentes o que tienen en proyecto su expansión dentro de un país o hacia otros países, así como a las empresas multinacionales con el objeto de establecer estrategias legales, en virtud de las funciones, adquisiciones, Joint Adventure que se dan en las corporaciones.

La auditoría legal es la herramienta de la abogacía preventiva que permite a la empresa identificar posibles problemas (riesgos) legales innecesarios que se pudieran presentar, y permite establecer cuáles son las medidas tendientes a eliminar o rehacer éstos, a través del análisis del cumplimiento de las obligaciones que le imponen las leyes, reglamentos, circulares, contratos, etcétera, a efecto de evaluarlos estableciendo prioridades y la manera de solucionarlos reducien­do el impacto que causan en ella.

Aún se piensa que los abogados deben ser llamados solamente cuando se suscitan problemas mayores que no pueden ser resueltos de ninguna otra manera. Esta actitud no permite que las compañías identifiquen problemas legales potencialmente serios en sus estados de formación, cuando la solución podría ser relativamente simple y barata mediante el ejercicio de la abogacía preventiva, componente esencial de un buen programa de cuidado e importancia para la salud legal de una empre­sa o institución.

La acumulación de casos pendientes en casi todos los juzgados, el alto costo de la representación legal, y el impacto desgarrador de todos los procedimientos judiciales han producido en los juicios civiles una desilusión con el litigio como un medio efectivo para resolver las controversias y ha llevado a muchas empresas e instituciones a darse cuenta que el dinero invertido en programas de abogacía preventiva para reducir la probabilidad de disputas legales es una inversión sabia.

El abogado de empresa, que formula y lleva a cabo un programa de la abogacía preventiva, utiliza las mismas habilidades profesionales y personales que un litigante experto. La habilidad analítica, el conocimiento del asunto a tratar y de la ley aplicable, la minuciosidad, la perseverancia, la habilidad de inspirar confianza, y de comunicarse bien, ya sea en forma oral o por escrito, son características compartidas por el enfoque. El abogado litigante, toma los hechos como los encuentra y luego trata de obtener el mejor resultado posible, mientras que el abogado preventivo identifica el resultado deseado por adelantado y luego ayuda a su cliente a crear los hechos que producirán ese resultado.

Entre las herramientas usadas por muchas empresas para reducir el potencial de riesgos legales están las políticas institucionales y códigos de conducta para establecer las normas por las cuales los empleados y representantes de la institución deben regirse; programas educativos que incluyan seminarios, manuales del empleado y presentaciones en video para enseñar al personal las políticas y códigos de conducta de la institución, y sensibilizarlos en situaciones particulares las cuales podrían constituir una violación de las leyes o políticas institucionales; normas para estructurar operaciones, redactar documentos, etcétera; verificación del cumplimiento de las normas legales y políticas institucionales; identificar las áreas en las cuales está expuesta la institución a riesgos legales innecesarios; recomendar acciones correctivas; y cabildeo y actividades de relaciones públicas para mejorar las relaciones con los funcionarios gubernamentales y promover cambios en las leyes que afectan de forma adversa los negocios o actividades de la institución.

La auditoría legal es la herramienta de la abogacía preventiva que permite a la empresa identificar posibles problemas (riesgos) legales, a través del análisis del cumplimiento de las obligaciones que le imponen las leyes, reglamentos, circulares, contratos, etcétera, a efecto de evaluarlos estableciendo prioridades y la manera de solucionarlos reducien­do el impacto que causan en ella.

Conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es obligación de toda sociedad, bajo la responsabilidad de sus administradores, el presentar anualmente a la asamblea de accionistas, un informe que incluya por lo menos, un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes; informes financiero/contables en los que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables, estados financieros al cierre del ejercicio, cambios en las partidas que integran el patrimonio social, notas aclaratorias, etcétera, y por circunstancias que se ignoran, el dispositivo legal que se comenta, ha sido interpretado restrictivamente, para que en suma el informe anual obligatorio de la administración se constriña a los resultados financieros, haciéndose omisión de un importantísimo aspecto, como lo es el estado legal que guarda la empresa.

La auditoría legal en una empresa reviste tal importancia que comprende diversos rubros en las áreas en que se debe realizar ésta como son: Auditoría corporativa; Auditoría inmobiliaria; Auditoría laboral; Auditoría sobre litigios; Auditoría sobre créditos, seguros, fianzas y garantías; Auditoría sobre permisos, licencias, autorizaciones, etcétera.; Auditoría aduanal y de comercio exterior; Auditoría ambiental; Auditoría de certificación de impuestos; Auditoría en materia de propiedad industrial, etcétera.

Las ventajas de la implantación de la auditoría legal de la empresa, no concluyen con la información para la asamblea de socios, antes bien, constituyen un elemento fundamental de apoyo para la administración, ya que permite detectar los problemas, en fases iniciales facilitando su solución; genera, en su caso, la elaboración de manuales de políticas a adoptarse por el personal administrativo no legal, para disminuir la posibilidad de errores con proyecciones judiciales o administrativo-contenciosas; proporciona la oportunidad de capacitar al personal administrativo, mandos medios y aun a ejecutivos de alto nivel, en tópicos que tradicionalmente sólo se contemplan en su aspecto contable (por ejemplo, seguro social, INFONAVIT, etcétera.); permiten la corrección u optimización de los contratos, convenios, y en general, de los actos jurídicos celebrados por y en la empresa y; en el caso de elaborarse por un abogado externo, garantiza objetividad, imparcialidad, e incluso nuevas perspectivas en cuanto a los asuntos internos de la empresa.

La auditoría legal que se practica en las empresas, revisando los estatutos del Acta Constitutiva, actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, emisión, enajenación, o transmisión de acciones o partes sociales, contratos de comodato o de prestación de servicios por mencionar algunos, verifica las licencias, concesiones, permisos, etcétera, el cumplimiento del pago de impuestos; ve los asuntos y documentación relativos a las relaciones laborales en la empresa; respecto a la transferencia de tecnología; marcas, patentes; contratos de compra y venta; análisis de los tipos de créditos que otorga la empresa y la forma de estar garantizada ésta; contratos de asociación en participación; análisis de Joint Adventure; garantías otorgadas a la empresa o expedidas por ella; fianzas y seguros; asuntos relativos con la legislación aduanera; importaciones y exportaciones; riesgo crediticio; seguridad social; seguimiento de litigios; análisis en sus aspectos legales de alianzas estratégicas con otras empresas; verifica las disposiciones legales ambientales por parte de la empresa en el estado o país en que se encuentra radicado, la participación y transferencia accionaria, etcétera, tomando en cuenta desde luego, la magnitud de la empresa.

El resultado de la auditoría legal se da a conocer a la empresa me­diante lo que se denomina "informe de la auditoría" y "dictamen de la auditoría legal", el cual es una información que de manera precisa, técnica y concisa, contiene como partes principales el señalamiento de aquellas fallas que se han encontrado en los programas y procedimientos de las áreas auditadas de la empresa, con la indicación de los daños que se estima han causado o pudieron causar; la aplicación o no de los programas con relación a los objetivos y políticas de la empresa en cada área sujeta a análisis; la recomendación de aquellos casos en los que convenga elevar, reducir, modificar o suprimir determinados objetivos, estrategias y polí­ticas por considerarse inalcanzables, inadecuados, obsoletos, indicando las razones de todo ello, así como la información de lo que no pudo auditarse y las razones que lo impidieron.

Lo anterior implica a la vez la entrega de los documentos, formatos, correcciones de clausulados y estrategias legales que se recomienda utilizar a la empresa, para evitar riesgos jurídicos o minimizarlos al máximo con las consabidas consecuencias, debiendo la empresa establecerlos mecanismos necesarios para dar seguimiento e incorporar el resultado de las recomendaciones del dictamen de la auditoría legal en cada una de las áreas de que fue objeto, preparar la documentación, contratos, etcétera, a fin de que sean utilizados en la empresa y, en un futuro, establecer auditorías departamentales o por áreas para verificar si se han cumplido e implementado las recomendaciones del informe de la auditoría.